El procedimiento administrativo en el Perú se rige por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, “LPAG”)[2], la misma que regula el marco de la actuación de las entidades administrativas; para ello, se recogen en ella disposiciones referidas a plazos, a definiciones de procedimientos administrativos, así como a principios a los cuales las entidades administrativas deben ceñirse en todo momento[3].